La Corte Suprema abre la caja de Pandora
La decisión de la Corte Suprema de desestimar un amparo sobre la ley de tierras ha generado un vacío legal y un conflicto que pone en jaque el plan de saqueo de Milei.
La reciente decisión de la Corte Suprema abrió dos nuevos e interesantes capítulos en un conflicto que se inició en los primeros días del gobierno de Milei.
El primero, fue el alcance del fallo porque al desestimar el amparo, mantiene vigente el artículo 154 del DNU 70/2023 que deroga la ley 26.737 sobre propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales.
Precisamente, el artículo 8° de la Ley de Tierras les establecía a las personas físicas o jurídicas extranjeras un límite de propiedad territorial de hasta el 15% de la superficie de una provincia, municipio o entidad administrativa equivalente. Asimismo, establecía que ningún extranjero podría ser titular de una extensión rural mayor a mil hectáreas en la zona núcleo del país: esto es, en el principal cordón agrícola comprendido por el norte de la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe.
La ley de Tierras fue sancionada en 2011 por un amplio margen: en la Cámara de Diputados la votación a favor congregó a 153 diputados sobre 257 y en el Senado a 62 de sus 72 integrantes. Quienes votaron en contra o se ausentaron en Diputados fueron la UCR, el PRO, algunos provinciales y los del GEN; resumiendo, se opuso el germen de lo que después, en 2015, sería la coalición Cambiemos y en 2019 Juntos por el Cambio.
Como hemos leído en los medios este primer capítulo se instaló en la agenda luego de que la Corte le negara legitimidad al Centro de Excombatientes de La Plata para solicitar el amparo, aun cuando el artículo 43° de la Constitución confiere ese derecho a cualquier persona.
Aquí entran en escena dos diputados de la oposición -Miguel Pichetto y Nicolás Massot- quienes se presentaron ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de la Capital Federal para interponer una medida cautelar que frene la aplicación del artículo 154 del DNU 70/23 y que restablezca, por lo tanto, la vigencia de la Ley de Tierras.
La acción iniciada por Pichetto y Massot pone en evidencia que algunos de los opositores friendly -quienes hasta ayer nomás acompañaban con su voto a cada una las iniciativas parlamentarias llegadas desde el Poder Ejecutivo, con la excusa de que había que darle gobernabilidad al "débil" gobierno de Milei- ahora se han decidido a "saltar el charco" y endurecerse. Claro, cualquier sabe que no hay nada más exitoso que el éxito y nada más solitario que el fracaso. Del mismo modo, cualquiera sabe que en la política sucede lo mismo que en los funerales: una cosa es tener que cargar el ataúd un rato y otra cosa muy distinta es tirarse con el muerto a la fosa.
Pichetto y Massot quienes, entre otras iniciativas, votaron a favor de la Ley Bases – que, junto con el DNU 70, es la segunda pata que sostiene el plan de saqueo iniciado por Milei- ahora van por el amparo a la Ley de Tierras. Habría una buena razón para hacerlo: es preferible que la justicia haga lugar a la medida cautelar que presentaron y que se suspenda la aplicación del artículo del DNU 70/23 referido al dominio de las tierras antes que ponerlo totalmente en riesgo.
Si se otorga la cautelara antes del próximo 15 de octubre, Massot y Pichetto podrían desactivar el tratamiento del DNU 70/23 en la Cámara de Diputados, que es lo que verdaderamente teme el gobierno y lo que espera la oposición dura.
Pero no hay que aferrarse ciegamente a las ilusiones: seguramente, la negociación por los votos legislativos ya está en marcha: al gobierno con el bloque de diputados propios (95 en total) y sus habituales aliados -los 12 del PRO y los 6 radicales- y los 18 provinciales nucleados en el bloque de Provincias Unidas, llegan a 131 y blindan el DNU.
Claro, nada de esto funciona de manera automática y cada acuerdo entre gobierno y colaboracionistas parlamentarios se teje por separado y de uno a la vez. Para que el gobierno disipe esta tormenta -que tiene connotaciones internacionales precisas- requiere que recurra a grados importantes de flexibilidad y dadivosidad, virtudes que claramente no forman parte de sus rasgos distintivos.
El segundo nuevo capítulo de este conflicto fue la "brillante" idea que tuvo el gobierno -al parecer del ministro de Economía Caputo- para implementar un inédito programa de "ciudadanía por inversión". Con tan sólo 350.000 dólares ingresados como aporte no reembolsable a la Tesorería General de la Nación -o mediante la compra de títulos públicos por un valor nominal de USD 800.000- cualquier extranjero podría adquirir su ciudadanía argentina, con lo cual los magnates podrían acceder a través de este atajo legal a la compra ilimitada de tierras.
Conociendo la audacia del bloque oficialista en el Congreso -libertarios, PRO y radicales- para votar cualquier disparate, es posible que esta iniciativa también resulte aprobada. Y si la votación viniera complicada, siempre estará el recurso del DNU, que el bloque oficialista blindará en cada Cámara con apenas un tercio de sus integrantes, que los tiene de sobra.
Lo que estas maniobras dejan al descubierto es que la Argentina es hoy el teatro de operaciones marginal de una nueva geopolítica que trasciende a los sistemas clásicos de representación política y, por supuesto, a las capacidades tradicionales de los estados nacionales. En este nuevo orden de cosas, la democracia liberal -viejo sistema basado en una partidocracia representativa que ya no representa a nadie, en una libertad de opinión manipulada por algoritmos y en el sufragio universal y libre, convertido en un ritual vacío de contenido - es incapaz de ofrecer alguna solución para las mayorías populares.
Tal como he mencionado en otro artículo, las elites globales ya están pensando en otros modelos de gobernanza donde la existencia de las representaciones políticas y de los estados solo causarían innecesarias molestias. En este sentido, el Caos es -en su concepto del poder- la nueva forma del Orden.
El experimento iniciado en Argentina luego de la elección de Milei fue pensado hace mucho tiempo y "alguien" -el establishment, el Departamento de Estado, los magnates tecno digitales, o todos ellos juntos- se encargó de hacer el casting de los actores que llevarían adelante el guion escrito y diseñado por ese alguien en otras latitudes del planeta. No es un argumento conspiranoico, sino la descripción cruda y dura de la realidad; porque, a decir verdad ¿de qué otro modo podría explicarse la insólita concentración de hijos de puta por metro cuadrado que se verifica en el actual gobierno, en sus aliados parlamentarios y en el sistema judicial?
El "huevo de la serpiente", el origen de este experimento distópico no está en las noticias que nos ofrecen los medios ni en las cosas aparentes. Hay que bucear mucho más atrás y detenerse en los filamentos más delgados de la urdimbre de la historia.